Sociedad - Sobre la Ley del Menor, el Caso de Seseña y el Sistema Penal Español
Una Mirada Diferente
Tras una semana fuera de España de vacaciones, y tras una vuelta al trabajo más ajetreada de lo que uno hubiera deseado, vuelvo hoy a la actividad en el blog para traer a colación la noticia más impactante de las últimas semanas y el debate que la misma ha generado. Me estoy refiriendo a la muerte de la niña Cristina Martín, de 13 años, vecina de la población toledana de Seseña. Su fallecimiento, debido al ataque de una compañera de instituto con la que, parece ser, mantenía una fuerte rivalidad, ha vuelto a sacar a la calle y a los medios de comunicación controvertidas declaraciones acerca de una supuesta benevolencia de nuestro sistema penal, la idoneidad de la actual ley del menor y, como no podía ser de otra forma, la cadena perpetua o la pena de muerte.
Y es que el caso ha sido terrible. Realmente no hay por dónde cogerlo. Dos menores que quedan presuntamente para pegarse, una de ellas hiere a la otra y no tiene ningún reparo en dejarla morir atrapada entre unos escombros. A partir de ahí surgen preguntas acerca del por qué y el cómo, para dar paso después a una indignación popular difícilmente controlable al calor del desgarro de unos padres destrozados. Vaya por delante, por lo tanto, toda mi solidaridad y cariño para los familiares y amigos de la pequeña Cristina ante el drama que están sufriendo.
Aún así, aún haciéndome cargo de lo humano que es el dolor y la rabia, no me gustaría perder la perspectiva. La cercanía de los casos de Marta del Castillo y Mari Luz Cortes, o la vuelta a los titulares de el tristemente famoso "Rafita", asesino de Sandra Palo, han sido también un buen acicate para que de nuevo falsos mitos, medias verdades y voces no autorizadas hayan desfilado por las distintas televisiones y radios de nuestro país. Se ha echado de menos una cierta cordura por parte de quienes tienen que legislar, sobre todo algunos miembros de la oposición, pero también una responsabilidad social efectiva de los medios de comunicación, los cuales llevan ejerciendo desde hace tiempo una presión mediática que está contribuyendo a conformar una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y seguridad ciudadana de nuestro país.
Tendemos a pensar que nuestro sistema penal es blando, que la ley del menor no es válida y que en el fondo, en este país, matar sali casi gratis, porque "a los tres días, uno está en la calle". Se tiene también la sensación de que la solución a crímenes tan horrendos es más cárcel, obviando las limitaciones de ésta para atajar de raíz la criminalidad. La historia nos ha demostrado que el endurecimiento de las penas ni garantiza la seguridad ciudadana, ni evita la comisión de delitos.
¿Es realmente España un país peligroso? ¿Es nuestro sistema penal blando? ¿Tenemos motivos para la preocupación o alarma? Ciertamente las cifras nos muestran realidades contradictorias. Diversas encuestas que se han llevado a cabo en nuestro país en los últimos años reflejan que la sociedad en su conjunto cree que la delincuencia ha aumentado mucho o bastante (hasta un 88% en algunos trabajos) durante la última década, cuando datos en mano se demuestra que no es así. Los expertos creen que la causa principal de esta visión distorsionada de la realidad se debe al auge espectacular de la cobertura de los medios de comunicación a todo tipo de crímenes, propiciando, además, el vertido de falacias, medias verdades y opiniones populistas.
En este sentido es muy intereseante un estudio publicado en la revista Cuadernos de Periodistas, en su nº 18, dónde se halló que desde el año 2007, el tiempo dedicado por las grandes cadenas de televisión a los sucesos se han multiplicado por 5, y que éstos han pasado de ocupar un 15% del tiempo total en 1994 a un 30,8% en el año 2009. El estudio señala, además, que se necesitan 11 minutos de media para que en este tipo de noticias aparezca una fuente solvente, mientras se multiplican las opiniones intrascendentes que generan más alarma social que otra cosa.
Frente a esta percepción errónea, están los datos que nos reflejan la realidad pura y dura. La tasa de criminalidad en España es menor que la media de los países europeos. En el año 2008, la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes en nuestro país fue de 46,7, mientras que la media europea se situó en un significativo 70,4, existiendo países como Inglaterra donde dicha tasa alcanza la preocupante cifra de 101,6. Pese a estos datos, España es el país europeo con la tasa de personas encarceladas más alta de Europa, con 164 presos por cada 100.000 habitantes. Y todo ello pese a los datos analizados por el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, dónde se halló que la delincuencia en España presenta una línea globalmente descendente desde hace 20 años. En resumen, podríamos concluir que en España se necesita hacer menos cosas para acabar en la cárcel, al menos en comparación con nuestros vecinos europeos. Nuestro sistema penal, por lo tanto, no es blando, sino más bien todo lo contrario. Es más, la población penitenciaria se ha cuadruplicado desde 1980, pasando de algo menos de 19.000 personas 76.771 en el año 2009.
Aún así, el debate sobre la necesidad de endurecer el sistema penal español sigue ganando fuerza en la calle. El Partido Popular, por ejemplo, ha propuesto reabrir el debate de la cadena perpetua en España. A este respecto cabe preguntarse si esta medida tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El debate filosófico está abierto: ¿Debe servir la cárcel para reeducar a los presos o simplemente como centro de castigo puro y duro? ¿Realmente es todo el mundo rehabilitable? ¿Tiene todos los medios la justicia para poder rehabilitar a los presos?
Al margen del debate filosófico, nuestra Constitución es clara, ya que en su Sección I, artículo 25, epígrafe 2, se establece que las "penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos". La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, por su parte, también señala en su primer artículo que "Las Instituciones Penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad". Dicho de otra forma, la cadena perpetua no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
Pese a todo, se podría decir que ésta existe en España de facto. Pese a lo escandaloso que puede resultar esta afirmación, a los datos y jurisprudencia me remito: En la actualidad, el límite de estancia en la cárcel se ha subido hasta los 40 años y en el 2003 se propuso el cumplimiento íntegro para las penas por terrorismo. En el 2006, la llamada "doctrina Parot" señalada por el Tribunal Supremo, estableció que las redenciones de las penas deberían aplicarse, no al tiempo máximo de cumplimiento efectivo, sino a cada una de las condenas individualmente, lo que significa que, extinguida una, comienza a cumplirse la siguiente hasta llegar a los 30 ó 40 años.
Otra falsedad recurrente cuando se habla de nuestro sistema penal, es la que hace alusión al no cumplimiento de las penas. Según Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo, "No hay condena que, iniciada, no se ejecute desde el primero hasta el último día. Todas las personas cumplen íntegramente las penas de prisión impuestas". Tan sólo un 17% de la población penitenciaria española disfruta del tercer grado.
En referencia a la ley del menor, no son pocas las voces que afirman que ésta es demasiado benigna. La realidad también nos demuestra que ésto no es así. Frente a los entre 10 y 15 años que el código penal preveé para el homicidio, incluyendo en este tiempo la posibilidad de obtener un régimen abierto a mitad de la condena y la libertad condicional a los 2/3 ó 3/4 partes de ese tiempo, la ley del menor establece 8 años de internamiento cerrado más 5 de libertad vigilada, pasando por la cárcel en todo caso a los 21 años, pero pudiendo hacerlo a los 18 si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos marcados en la sentencia.
Por lo tanto, datos en mano, creo sinceramente que ni nuestro sistema penal, ni la ley del menor son blandas. El problema no es tanto de endurecimiento de las penas como de la necesidad de abrir un doble debate. El primero acerca de la eficacia de la justicia. El "Rafita", por ejemplo, cuando volvió a delinquir lo hizo tras un fallo imperdonable de la administración de la justicia y las fuerzas del orden, puesto que estaba en libertad vigilada. El asesino de Mari Luz Cortés, por su parte, también estaba en la calle por un error judicial no menos escandaloso.
El segundo debate que creo que hay que abrir es el referente a qué nos está pasando como sociedad, en qué estamos fallando a nivel educativo y moral. Es cierto que las cifras de delicuencia juvenil siguen siendo muy bajas y también que siempre ha habido niños conflictivos que se han iniciado por la senda de la criminalidad desde muy jóvenes. Sin embargo, casos como el del Asesino de la Katana, el de Marta del Castillo, el de Sandra Palo o el de la propia Cristina Martín entre otros, nos deben hacer reflexionar. También el auge de profesores y docenctes amenazados y/o agredidos. Algo estamos haciendo mal y echar la culpa a nuestro sistema penal, la ley del menor o simplemente a la administración de la justicia, abrir debates sobre un posible endurecimiento de las penas o una cadena perpetua explicitada dentro de nuestro ordenamiento legal, supondría mirar para otro lado, tal y como hacen los protagonistas de la última película de Michael Hanecke, "La cinta blanca" (muy recomendable, por cierto).
Entre tanto, cabe pedir más responsabilidad a todo el mundo. En primer lugar a los políticos y en segundo lugar a los medios de comunicación. Avivar debates populistas y demagógicos no hace sino alentar una sensación que no se corresponde con la realidad de nuestro país a tenor de lo que dicen los datos. Pese a todo, lo que a mi más me preocupa es lo indicado en el párrafo anterior. Algo que no tiene buena pinta se está cociendo en las nuevas generaciones, y aunque es injusto generalizar, peor sería no afrontarlo desde ya.
Por último no quiero dejar de agradecer a Maru su colaboración. Aunque yo haya sido el encargado de tratar de poner en orden todo el material que me ha facilitado, lo cierto es que sin su colaboración este post nunca hubiera sido posible. Ella, fiel seguidora del blog, es abogada y periodista, y actualmente está haciendo un máster de periodismo de agencia en EFE. Ha realizado cursos de Derecho Penal y Derecho Penitenciario, y se alinea bastante con juristas de primer nivel que siguen pensando que otro Derecho Penal es posible.
Tras una semana fuera de España de vacaciones, y tras una vuelta al trabajo más ajetreada de lo que uno hubiera deseado, vuelvo hoy a la actividad en el blog para traer a colación la noticia más impactante de las últimas semanas y el debate que la misma ha generado. Me estoy refiriendo a la muerte de la niña Cristina Martín, de 13 años, vecina de la población toledana de Seseña. Su fallecimiento, debido al ataque de una compañera de instituto con la que, parece ser, mantenía una fuerte rivalidad, ha vuelto a sacar a la calle y a los medios de comunicación controvertidas declaraciones acerca de una supuesta benevolencia de nuestro sistema penal, la idoneidad de la actual ley del menor y, como no podía ser de otra forma, la cadena perpetua o la pena de muerte.
Y es que el caso ha sido terrible. Realmente no hay por dónde cogerlo. Dos menores que quedan presuntamente para pegarse, una de ellas hiere a la otra y no tiene ningún reparo en dejarla morir atrapada entre unos escombros. A partir de ahí surgen preguntas acerca del por qué y el cómo, para dar paso después a una indignación popular difícilmente controlable al calor del desgarro de unos padres destrozados. Vaya por delante, por lo tanto, toda mi solidaridad y cariño para los familiares y amigos de la pequeña Cristina ante el drama que están sufriendo.
Aún así, aún haciéndome cargo de lo humano que es el dolor y la rabia, no me gustaría perder la perspectiva. La cercanía de los casos de Marta del Castillo y Mari Luz Cortes, o la vuelta a los titulares de el tristemente famoso "Rafita", asesino de Sandra Palo, han sido también un buen acicate para que de nuevo falsos mitos, medias verdades y voces no autorizadas hayan desfilado por las distintas televisiones y radios de nuestro país. Se ha echado de menos una cierta cordura por parte de quienes tienen que legislar, sobre todo algunos miembros de la oposición, pero también una responsabilidad social efectiva de los medios de comunicación, los cuales llevan ejerciendo desde hace tiempo una presión mediática que está contribuyendo a conformar una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y seguridad ciudadana de nuestro país.
Tendemos a pensar que nuestro sistema penal es blando, que la ley del menor no es válida y que en el fondo, en este país, matar sali casi gratis, porque "a los tres días, uno está en la calle". Se tiene también la sensación de que la solución a crímenes tan horrendos es más cárcel, obviando las limitaciones de ésta para atajar de raíz la criminalidad. La historia nos ha demostrado que el endurecimiento de las penas ni garantiza la seguridad ciudadana, ni evita la comisión de delitos.
¿Es realmente España un país peligroso? ¿Es nuestro sistema penal blando? ¿Tenemos motivos para la preocupación o alarma? Ciertamente las cifras nos muestran realidades contradictorias. Diversas encuestas que se han llevado a cabo en nuestro país en los últimos años reflejan que la sociedad en su conjunto cree que la delincuencia ha aumentado mucho o bastante (hasta un 88% en algunos trabajos) durante la última década, cuando datos en mano se demuestra que no es así. Los expertos creen que la causa principal de esta visión distorsionada de la realidad se debe al auge espectacular de la cobertura de los medios de comunicación a todo tipo de crímenes, propiciando, además, el vertido de falacias, medias verdades y opiniones populistas.
En este sentido es muy intereseante un estudio publicado en la revista Cuadernos de Periodistas, en su nº 18, dónde se halló que desde el año 2007, el tiempo dedicado por las grandes cadenas de televisión a los sucesos se han multiplicado por 5, y que éstos han pasado de ocupar un 15% del tiempo total en 1994 a un 30,8% en el año 2009. El estudio señala, además, que se necesitan 11 minutos de media para que en este tipo de noticias aparezca una fuente solvente, mientras se multiplican las opiniones intrascendentes que generan más alarma social que otra cosa.
Frente a esta percepción errónea, están los datos que nos reflejan la realidad pura y dura. La tasa de criminalidad en España es menor que la media de los países europeos. En el año 2008, la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes en nuestro país fue de 46,7, mientras que la media europea se situó en un significativo 70,4, existiendo países como Inglaterra donde dicha tasa alcanza la preocupante cifra de 101,6. Pese a estos datos, España es el país europeo con la tasa de personas encarceladas más alta de Europa, con 164 presos por cada 100.000 habitantes. Y todo ello pese a los datos analizados por el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, dónde se halló que la delincuencia en España presenta una línea globalmente descendente desde hace 20 años. En resumen, podríamos concluir que en España se necesita hacer menos cosas para acabar en la cárcel, al menos en comparación con nuestros vecinos europeos. Nuestro sistema penal, por lo tanto, no es blando, sino más bien todo lo contrario. Es más, la población penitenciaria se ha cuadruplicado desde 1980, pasando de algo menos de 19.000 personas 76.771 en el año 2009.
Aún así, el debate sobre la necesidad de endurecer el sistema penal español sigue ganando fuerza en la calle. El Partido Popular, por ejemplo, ha propuesto reabrir el debate de la cadena perpetua en España. A este respecto cabe preguntarse si esta medida tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El debate filosófico está abierto: ¿Debe servir la cárcel para reeducar a los presos o simplemente como centro de castigo puro y duro? ¿Realmente es todo el mundo rehabilitable? ¿Tiene todos los medios la justicia para poder rehabilitar a los presos?
Al margen del debate filosófico, nuestra Constitución es clara, ya que en su Sección I, artículo 25, epígrafe 2, se establece que las "penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos". La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, por su parte, también señala en su primer artículo que "Las Instituciones Penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad". Dicho de otra forma, la cadena perpetua no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
Pese a todo, se podría decir que ésta existe en España de facto. Pese a lo escandaloso que puede resultar esta afirmación, a los datos y jurisprudencia me remito: En la actualidad, el límite de estancia en la cárcel se ha subido hasta los 40 años y en el 2003 se propuso el cumplimiento íntegro para las penas por terrorismo. En el 2006, la llamada "doctrina Parot" señalada por el Tribunal Supremo, estableció que las redenciones de las penas deberían aplicarse, no al tiempo máximo de cumplimiento efectivo, sino a cada una de las condenas individualmente, lo que significa que, extinguida una, comienza a cumplirse la siguiente hasta llegar a los 30 ó 40 años.
Otra falsedad recurrente cuando se habla de nuestro sistema penal, es la que hace alusión al no cumplimiento de las penas. Según Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo, "No hay condena que, iniciada, no se ejecute desde el primero hasta el último día. Todas las personas cumplen íntegramente las penas de prisión impuestas". Tan sólo un 17% de la población penitenciaria española disfruta del tercer grado.
En referencia a la ley del menor, no son pocas las voces que afirman que ésta es demasiado benigna. La realidad también nos demuestra que ésto no es así. Frente a los entre 10 y 15 años que el código penal preveé para el homicidio, incluyendo en este tiempo la posibilidad de obtener un régimen abierto a mitad de la condena y la libertad condicional a los 2/3 ó 3/4 partes de ese tiempo, la ley del menor establece 8 años de internamiento cerrado más 5 de libertad vigilada, pasando por la cárcel en todo caso a los 21 años, pero pudiendo hacerlo a los 18 si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos marcados en la sentencia.
Por lo tanto, datos en mano, creo sinceramente que ni nuestro sistema penal, ni la ley del menor son blandas. El problema no es tanto de endurecimiento de las penas como de la necesidad de abrir un doble debate. El primero acerca de la eficacia de la justicia. El "Rafita", por ejemplo, cuando volvió a delinquir lo hizo tras un fallo imperdonable de la administración de la justicia y las fuerzas del orden, puesto que estaba en libertad vigilada. El asesino de Mari Luz Cortés, por su parte, también estaba en la calle por un error judicial no menos escandaloso.
El segundo debate que creo que hay que abrir es el referente a qué nos está pasando como sociedad, en qué estamos fallando a nivel educativo y moral. Es cierto que las cifras de delicuencia juvenil siguen siendo muy bajas y también que siempre ha habido niños conflictivos que se han iniciado por la senda de la criminalidad desde muy jóvenes. Sin embargo, casos como el del Asesino de la Katana, el de Marta del Castillo, el de Sandra Palo o el de la propia Cristina Martín entre otros, nos deben hacer reflexionar. También el auge de profesores y docenctes amenazados y/o agredidos. Algo estamos haciendo mal y echar la culpa a nuestro sistema penal, la ley del menor o simplemente a la administración de la justicia, abrir debates sobre un posible endurecimiento de las penas o una cadena perpetua explicitada dentro de nuestro ordenamiento legal, supondría mirar para otro lado, tal y como hacen los protagonistas de la última película de Michael Hanecke, "La cinta blanca" (muy recomendable, por cierto).
Entre tanto, cabe pedir más responsabilidad a todo el mundo. En primer lugar a los políticos y en segundo lugar a los medios de comunicación. Avivar debates populistas y demagógicos no hace sino alentar una sensación que no se corresponde con la realidad de nuestro país a tenor de lo que dicen los datos. Pese a todo, lo que a mi más me preocupa es lo indicado en el párrafo anterior. Algo que no tiene buena pinta se está cociendo en las nuevas generaciones, y aunque es injusto generalizar, peor sería no afrontarlo desde ya.
Por último no quiero dejar de agradecer a Maru su colaboración. Aunque yo haya sido el encargado de tratar de poner en orden todo el material que me ha facilitado, lo cierto es que sin su colaboración este post nunca hubiera sido posible. Ella, fiel seguidora del blog, es abogada y periodista, y actualmente está haciendo un máster de periodismo de agencia en EFE. Ha realizado cursos de Derecho Penal y Derecho Penitenciario, y se alinea bastante con juristas de primer nivel que siguen pensando que otro Derecho Penal es posible.
Comentarios
Magnífico y aclaratorio post por los datos aportados. Se plantean varios problemas. Uno e ellos es de la percepción. Los medios de comunicación están haciendo mucho daño al centrarse y cebarse en esos casos (todo sea por vender) sin aportar la otra visión que hoy nos dejas. Por otro lado, mucho de lo que pasa tiene que ver con la crisis de valores de una sociedad que da la sensación de que está perdiendo el norte. La educación, en un sentido más amplio de la palabra reduciría bastante estos hechos, pero me da la sensación de que hay una degradación general en este aspecto y los políticos, la verdad, tampoco ponen mucho de su parte. En cuanto al sistema judicial, nunca será perfecto si no se está continuamente renovando en función de la marcha de la sociedad. De ahí, muchos errores que se producen al dejar puertas abiertas para evitar o minimizar condenas.
Un tema muy complejo en el que entra no solo la ley sino también la moral.
Un abrazo
Es necesario que los medios de comunicación hagan un ejercicio de responsabilidad social: no vale vender a cualquier precio y el rigor siempre debe estar presente en todos y cada uno de sus reportajes o noticias cubiertas. Hace unos años, en los cursos de doctorado, me dijo un profesor: "Fernando, un investigador no puede hacer titulares de periódico". Creo que esa sentencia es tremenda, porque en la sociedad asumimos que los periodistas, con demasiada frecuencia, se olvidan de investigar y profundizar para hallar el citado rigor.
Totalmente de acuerdo también, y es algo que hemos hablado en otros posts, con lo de la falta de valores y la educación. Mucho de lo que está pasando tiene que ver con ello: paternidad complaciente, ausencia de límites y un exagerado relativismo están detrás de mucho de lo que está pasando. Todo ello deriva en la degradación a la que haces alusión.
La política se ha convertido desde hace tiempo en un mercado. Hay que "vender" votos y para ello no importa tanto lo racional como apelar al contenido emocional. El problema es que legislar requiere una amplitud de miras y un largo placismo que son antagónicos con los políticos actuales.
Y en cuanto al tema de la justicia, es muy complejo. Maru (Mariángeles, que es como aparece de seguidora), sabe un huevo del tema y podríamos estar hablando horas y horas. Por resumir: en nuestro país faltan psicólogos, faltan medios, existen cárceles que vulneran cualquier mínimo o estándar de Derechos Humanos y así un largo número de cosas que a mi me llevan a pensar lo siguiente: es imposible llevar a cabo con eficacia la labor de reinserción de los presos, aunque haya quien lo consiga. Claro que la hay que mejorar la justicia, pero hasta ahora no ha tenido tampoco medios.
De nuevo muchísimas gracias
Un fuerte abrazo
Creo que es esencial que se aporte otra mirada hacia este tema, un asunto delicado y muy dado a la demagogia y al populismo. La labor que realizan los medios de comunicación en este sentido es fundamental. Cada vez se dedica más tiempo a asuntos de sucesos y cada vez se deja más espacio a voces nada autorizadas en la materia, que lo único que hacen es acrecentar el morbo sobre temas ya de por si morbosos y violentos.
Toda esta actitud lleva a crear un opinión, a mi juicio, erronea sobre la validez de nuestro sistema penal. Pensando que endurenciendo las penas se evitará la comisión de más delitos violentos es un auténtica utopía e ingenuidad. La educación y la falta de valores es lo que realmente debería preocupar a la sociedad y a los políticos. Pero no, este tema no se trata todo lo que se debería, porque es mucho más facil reformar la ley y además vende mucho más (audiencia, y de paso, votos).
Un beso!
Metiéndose en materia, parece que todo lo que dices tiene sentido. Pero déjame decirte, querido Fernando, que hay una pata de tu argumentación en la que resbalas de manera evidente. No te culpo porque es la visión general del asunto. Pero aprovecho a enderezar las cosas. De todas formas, estés o no de acuerdo conmigo, no cambia en lo sustancial los resultados de tus reflexiones. Sin embargo, es importante.
La cuestión es la siguiente: los datos de criminalidad son especialmente peliagudos y es muy difícil compararlos entre países. La literatura científica sobre economía del crimen (en la que puntualmente he estado metido, amén de muchos penalistas a quienes también precupa la cuestión) tropieza siempre con la misma piedra, a saber: los datos que tenemos sobre criminalidad NO son, por lo general, datos de criminalidad real...sino de criminalidad observada. Sólo los delitos denunciados o/o perseguidos entran en esas estadísticas. En algunos delitos, la criminalidad real es parecida o igual a la observada (por ejemplo, desapariciones y secuestros, homicidios o suicidios). Es fácil saber que alguien ha muerto o desaparecido, aunque no se encuentre a la persona o al cuerpo. Sin embargo, en los delitos más enjundiosos (en términos de cantidad), la criminalidad observada es muchísimo menor a la real (por ejemplo, los delitos económicos, el tráfico de drogas, los delitos de tráfico, los urbanísticos o el propio maltrato de mujeres). Mediante la toma de datos muy especiales (o con técnicas curiosas) se ha podido establecer la evidencia parcial de que la brecha entre la criminalidad real y la observada es enorme. Un ejemplo sencillo: quizá haya o haya habido muchos Gürteles en marcha, pero sólo se ha pillado a Correa. Quizá en este momento haya decenas de delitos de drogas cometidos, pero ninguno entra en la estadística.
Esto es muy importante por dos razones: En primer lugar, significa que el número de delitos observados es una función que depende, mayormente, de dos parámetros: 1) los delitos que ocurren en la realidad (obvio!) y 2) la calidad de las instituciones (en efectividad la eficacia policial). Ninguno de ambos factores se puede medir (el primero por propia naturaleza; el segundo porque es muy difícil comparar entre países instituciones con parámetros siquiera aproximados). Esto significa que, si realmente comprendiéramos esto, nos sería bastante inútil basarnos en los datos que apuntas de la OCDE. Si la tasa de criminalidad en Holanda es mayor...¿significa esto que los holandeses deliquen más?¿significa que la policía pilla más a los cacos?¿o en qué proporción vis-a-vis ocurren ambas cosas simultáneamente? Esto es un problema de primer orden, puesto que la mayoría de los delitos son de los dificilmente observables.
En relación a la dinámica mediática, el asunto de los datos es importante para evitar confusiones. Si la oposición ve aumentar la criminalidad y clama al cielo por falta de policía y por inseguridad ciudadana, o si el gobierno ve baja la criminalidad y decide invertir menos en persecución de delitos y más en otros asuntos...ambos pueden estar equivocados y estar malgastando los recursos públicos por un mal diagnóstico (por no haber entendido el back to basics que estoy yo aquí explicando). Se tirarán los muebles a la cabeza, y como resulta que el electorado es igualmente ignorante sobre esta cuestión capital, contribuirá al comportamiento procíclico (más policías cuando hay menos delitos) en lugar de anticíclico (más policías cuando haya más delitos).
En suma, la mayor parte de los delitos no se observan como un robo, un suicidio o un destrozo de propiedad ajena. La endogeneidad de las cifras impide un buen diagnóstico. Y lo normal es que estemos haciendo el pan con unas tortas, como se dice en mi tierra, sin entender que el aumento de la criminalidad observada puede ser una señal de que las cosas se están haciendo bien, porque se está disminuyendo la brecha entre criminalidad real y la observada por las estadísticas que utilizas para tu reflexión.
Un saludo
Un beso y millones de gracias por todo
Acepto la crítica en el sentido de que tal vez las cifras no son siempre comparables por cuanto cada país es un mundo y, efectivamente, no sabemos el grado de eficacia de la policía en cada nación.
Dicho esto, sí que creo oportuno decirte lo siguiente:
1) Los países de la OCDE tienen un sistema legal basado en lo que se llama "derecho justo", con claras garantías en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos más fundamentales de las personas. Con sus particularidades, la justicia de cada país de la OCDE tiene, por lo tanto, unas reglas del juego parecidas que se aplican con parecida intensidad.
2) Las policías de todo el mundo cada vez trabajan más coordinadas a nivel internacional. No creo que haya diferencias significativas en cuanto a eficacia policial.
3) En cualquier caso, me estás dando la razón. Supongamos que en España la eficacia policial es mínima: ¿tiene sentido que haya tanta gente en la carcel entonces?
4) Por último, mi reflexión iba encaminada a exponer que no somos un país significativmente más violento que otros de nuestro entorno, que ya tenemos un sistema penal muy duro y que el problema, sobre todo, es de educación.
En cualquier caso, estamos ante un problema muy complejo.
De nuevo mil gracias
Un abrazo