sábado, 14 de septiembre de 2013

Economía y Sociedad - A vueltas con Cataluña

Algunos Apuntes

Quién más o quién menos, creo que todos nos hemos sentido abrumados ante el clamor nacionalista que se ha vivido esta semana con motivo de la Diada en Cataluña. Para algunos será motivos de euforia, para otros de preocupación, incluso cabreo, y para la mayoría, creo, causa de estupor ante la sensación de que, como me decía un buen amigo catalán hace apenas unos días, algo se nos ha ido de las manos a todos, en Cataluña y en el resto de España. Vivimos en un incendio fuera de control de difícil solución.

Y es que en Cataluña se dan todos los ingredientes para que calen los mensajes populistas, radicales y excluyentes. Basta con pensar el caldo de cultivo que propiciaron movimientos parecidos (contextos históricos aparte) durante el siglo XX: una situación económica muy complicada, una sensación de agravio, incluso de humillación y desafecto, y unos políticos con mucho que ganar incendiando al pueblo. Si a eso le unimos que al otro de lado de Cataluña hay otros políticos más bien pensando en cómo ganar votos en lugar de tratar de apagar el incendio, lo que a menudo se traduce en declaraciones que sólo sirven para caldear más el ambiente, nos encontramos con que en lugar de apaciguarse los ánimos y buscar puntos de encuentro, la sensación de desafecto cala en la ciudadanía y tantos unos como otros, pese a necesitarnos mutuamente más que nunca, hacemos hincapié en lo que nos separa, que sigue siendo mucho menos que todo aquello que nos une. El que escribe estas líneas, para que quede claro, es un madrileño enamorado de mi ciudad, pero orgulloso de sus raíces catalanas que me vienen por parte de mi abuela y mis bisabuelos, de ese ejemplo de modernidad y apertura, referente para el resto de España, que han sido Cataluña y Barcelona durante muchísimos años.

Como en alguna ocasión he apuntado en este blog, cuando se habla de sentimientos, poco se puede decir, ya que éstos pertenecen a cada uno. Son personales e intransferibles. Sin embargo, es cierto, y a los datos me remito, que la inmensa mayoría de los que manifestaron el pasado día 11 son independentistas (mis disculpas si alguno de los asistentes no se identifica como tal) de nuevo cuño. Es decir, la polarización de las opciones políticas en Cataluña es reciente. Recordemos que no hace tanto que gobernaba el PSOE. Y ahí es dónde surgen las preguntas. ¿Qué ha pasado de un tiempo a esta parte? Personalmente apunto a la irresponsabilidad de la clase política, que nos ha envilecido a unos y a otros con medias verdades en este tiempo.

Me dejo al margen mis pensamientos políticos y me pongo con los datos económicos. Como apuntaba hace un año en un post colgado en este mismo blog, existen dos reclamaciones básicas que se han podido leer y escuchar de un tiempo a esta parte desde Cataluña. La primera, que no existe una justicia territorial en nuestro sistema fiscal. Y la segunda, que las inversiones del estado en Cataluña no se corresponden con lo que debiera ser conforme a lo que aportan los ciudadanos catalanes a las arcas del estado. Respecto al primer punto, recomiendo a todos las lecturas de los artículos que se cruzaron el año pasado los profesores Abel Fernández García (I y II) y Xavier Sala y Martín, así como también la monografía "Las diferencias regionales del Sector Público", publicado por la Fundación BBVA e Ivie en el que ha participado el propio profesor Abel Fernández. Esta última calcula el efecto redistributivo del sector público teniendo en cuenta los cuatro niveles de administración existentes (Administración Central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). Para ello se detraen de la renta per cápita primaria los impuestos y tributos que gravan a los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma para a continuación añadir los pagos en transferencias (prestaciones por desempleo, pensiones, etc.) y servicios en especie (educación, seguridad, sanidad, etc.) que reciben los ciudadanos en función de la comunidad en la que se encuentran. Traduciendo: lo que gana cada ciudano de media en cada Comunidad Autónoma menos los impuestos que paga, más las transferencias que recibe. El resultado es llamativo para el período 2000 - 2008: 

Sólo tres comunidades autónomas presentan un saldo negativo (de media) frente al resto del país en el período de análisis: Madrid, Cataluña y Baleares. Esto quiere decir, con ciertos matices, que estas tres comunidades son financiadoras del resto.

Que, como los autores apuntan, no es posible determinar un sistema de redistribución óptimo para un país como España, por lo que se trata de analizar es de si el actual sistema es igualitario. Viendo los datos e introduciendo matemática, cabe concluir que el resultado es dispar, pero que a Cataluña, a Madrid y a Baleares se les trata de una forma justa. Según el informe, los ciudadanos de Madrid pierden tras la acción del sector público un 8% de su renta primaria, los catalanes en torno a un 2% y los baleares algo menos. Es cierto que Madrid, por ser capital del Estado, recibe una serie de inversiones, e incluso de intangibles difícilmente ponderables, pero también que, a tenor de los datos, no existe aparentemente un agravio para Cataluña o Baleares, como tampoco se debiera sentir Madrid agraviada por aportar más al conjunto del estado.

Que existen tres comunidades autónomas cuyos balances son sorprendentes y que sí que reciben un trato de favor. Por un lado, País Vasco y Navarra, las cuales, por sus sistemas forales gozan de una situación mucho mejor que el resto. Por ejemplo, la primera debiera aportar casi un 4% de su renta primaria para estar en sintonía con el resto, y a cambio recibe casi un 5%. Navarra, por su parte, debería aportar un 5% de su renta primaria y en cambio recibe más de un 1%. Asturias, curiosamente, tiene una renta per cápita muy parecida a Murcia, pero recibe un 10% más que el resto de comunidades. Es cierto que existen motivos históricos detrás de estos conciertos forales, pero no lo es menos que la actual coyuntura es también histórica y que, muy probablemente, exija ciertos cambios.
Que existen una serie de comunidades autónomas realmente mal tratadas por nuestro sistema fiscal: Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Andalucía, las cuales son receptoras de renta pero en una cuantía menor de la que merecen según la progresividad del actual sistema.

Xavier Sala i Martí, excelente profesor y una de las mentes más brillantes (y provocadoras) de nuestro país en materia económica, hace tres críticas fundamentales al estudio en cuestión: la primera, que los datos que se aportan estan mal; la segunda es una cuestión técnica: se confunde el error de la regresión con la pendiente de la regresión; y la tercera, la cual nos lleva al otro punto que quería tocar, el sentimiento en Cataluña es que el estado les está discriminando en lo que  a inversiones se refiere. Dado que las dos primeras son más técnicas, creo que es más oportuno que os leáis la contestación que el propio Abel Fernández lleva a cabo, aunque aclaro dos cosas: respecto al primer punto que los datos son públicos y que están en el INE, por lo que no tengo la sensación de que sean erróneos; en cuanto al segundo, que dicho error afectaría si el estudio estuviera analizando un óptimo, pero que como se ha expuesto, lo que se analiza es si el sistema trata de forma parecida a las diferentes comunidades autónomas, no si el acutal sistema redistributivo es el mejor.

En cuanto a las inversiones del estado en Cataluña, Sala i Martí apunta que como el estado ha invertido menos de lo que hubiera debido en dicha comunidad, aquellas se han debido desarrollar bajo la iniciativa privada, por lo que los ciudadanos catalanes han tenido que pagar las mismas vía, por ejemplo, peajes (como apunta el propio Sala i Martí). Este dato es de nuevo bastante discutible, como se encarga de demostrar el profesor Abel Fernández. Es cierto que el gasto público en España no está por encima de la media de los países de la UE o la propia OCDE, pero también lo es que el actual nivel de déficit pone en dificultad que el mismo siquiera se pueda mantener a corto plazo. De todas formas, y aunque las cifras siempre son relativas, y el sentimiento del pueblo catalán a este respecto es totalmente lícito, conviene apuntar que el share de inversión pública en Cataluña en comparación a España no ha hecho sino crecer de forma muy llamativa durante el período 2000 - 2008, llegando a superar el 18%, cuando el share de población se ha mantenido constante en, también, un 18%.
Dos últimas cuestiones económicas: Una, algunos autores señalan que los datos de Madrid están manipulados, porque existe inversión y gasto público considerado como nacional que realmente radica en la Comunidad de Madrid (como señalaba hace unos párrafos). Dicho importe se prorratea entre todas las comunidades, y no se le imputa directamente a Madrid. Si así fuera, Madrid saldría en la foto como Cataluña y no podría ser ejemplo de nada, como desde algunos medios se señala. Creo que entrar en una guerra sobre cómo computar ciertos datos es estéril. Dos, el principal problema económico en Cataluña, en lo que a sus cuentas públicas se refiere, es su elevado endeudamiento, que ya alcanza un 25% de su PIB. No sólo es la comunidad con tercer mayor nivel de endeudamiento tras la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, sino que su comparación con Madrid es sangrante. En el año 2007, Madrid tenía un 5,4% de deuda pública sobre su PIB regional. Cataluña estaba en un 8% y Baleares en un 6,9%. En el año 2008, Esperanza Aguirre tomó la decisión de comenzar a recortar gastos (no entro a valorar si los que recortó eran los apropiados, al menos en este post) ante la caída de recaudación de los tributos por la coyuntura que por aquel entonces comenzaba a avecinarse. En consecuencia, la Comunidad de Madrid ha cerrado el año 2012 con una deuda del 10,7% sobre el PIB regional. Cataluña cerró el 2012 con un insoportable 25,40% de deuda pública sobre su PIB y Baleares con un 21,6%. Sus dirigentes, en el momento de optar por reducir gastos o endeudarse, optaron por lo segundo incluso por encima de lo razonable. Y eso no es culpa del sistema. Aún cuando diéramos como buena la foto en la que se dice que la aportación de Madrid al estado es similar al de Cataluña, y no mucho mayor por la citada diferencia en la imputación de ciertas inversiones, tan sólo la mala gestión de lo público puede explicar un dato tan disparatado, por cuanto Madrid es la Comunidad Autónoma menos endeudada de España.
Pasamos a la cuestión moral: dicen los catalanes que tienen derecho a elegir. Hace un año ese derecho a decidir se fundamentaba en dos ideas fundamentales. En primer lugar respecto a su pertencia a España. Y en segundo lugar, sobre el destino de sus tributos. Hoy, un año después, el deterioro de las relaciones entre el gobierno catalán y el central, unido a la fuerza que está cobrando ERC, está propiciando que el debate se centre sólo en el primero de los dos.
Respecto a su pertenencia a España, incido en lo dicho con anterioridad: los sentimientos de cada uno pertenecen a cada uno, no se imponen, pero ocurre que los argumentos se pueden volver en contra de los que los jalean. ¿Dónde acotamos el derecho a decidir? ¿No tiene derecho a decidir el Valle de Arán también bajo las mismas premisas que se reclaman desde Cataluña, como ya apuntaron sus habitantes hace unos meses? ¿Y aquellas ciudades ubicadas en Cataluña no nacionalistas, tienen derecho a decidir también, llegado el caso, ante una hipotética secesión de Cataluña, su permanencia en España? Los argumentos morales hay que definirlos bien porque el asunto es espinoso. Yo estoy a favor del derecho a decidir, pero, ¿hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de su lugar de nacimiento?
 
En cuanto al uso de los tributos recaudados, puedo entender que este debate se abra por la actual coyuntura, pero no puedo compartir muchas de las ideas que se han esgrimido desde Cataluña. Por encima de nacionalismos, pertenecemos al seno de la Unión Europea, de la que hemos sido beneficiarios durante años de los fondos que nos han transferido para lograr una mayor convergencia con el resto de países más desarrollados de nuestro continente. Europa ha sido un ejemplo, durante las últimas décadas, de los esfuerzos llevados a cabo por lograr una mayor igualdad entre sus pueblos, aspecto crítico para el desarrollo de un mercado común que beneficie a todos de la forma más igualitaria posible. Hoy en día precisamente las políticas de austeridad están poniendo en jaque parte del camino recorrido. La desigualdad cuesta mucho dinero y distorsiona los mercados, como Stiglitz nos recuerda con cierta frecuencia. Debemos exigir que el dinero recaudado vía tributos se emplee mejor, pero sobre todo se utilice para reducir las externalidades de los mercados. Y eso tiene que ocurrir tanto en España como en el seno de la UE. Se tiene que entender que un sistema tributario justo y progresivo beneficia también a las empresas y ciudadanos catalanes.

Termino con una última reflexión: Cataluña y el resto de España se necesitan mutuamente. Pensemos por un momento lo que pasaría en una hipotética secesión catalana. En un contexto en el que ningún país se opusiera a su entrada a la UE, dicho proceso duraría al menos 5 años de acuerdo con los tratados comunitarios, lo que implicaría que durante ese tiempo sus exportaciones e importaciones se verían sujetas a una serie de aranceles que harían menos competitivas a sus  empresas. Es probable que, además, necesitara otros 5 años más para entrar en el Euro, a tenor de lo estipulado en el tratado de Maastrich. Claro que Cataluña podría optar por utilizar el Euro como moneda, tal y como hace Andorra, en tanto en cuanto entra en la unión monetaria, pero económicamente dicha medida sería un disparate económico de proporciones considerables, porque haría menos competitiva a la economía Catalana, pero sobre todo porque sería renunciar a una herramienta económica de primer nivel como es la de política económica. Cataluña necesitaría quién le financiase durante este período y, a día de hoy, sus emisiones son catalogadas como bono basura por las principales instituciones calificadoras.

Si Cataluña optase por una moneda propia, sufriría una devaluación tan brutal que casi todas las empresas y familias catalanas irían a la quiebra, por cuanto sus deudas están suscritas en Euros. Pero incluso en el caso de que ésto no sucediese, vía condonaciones, quitas, etc., los catalanes se convertirían de la noche a la mañana en una sociedad mucho más pobre. Mikel Buesa, que fue profesor mío en la carrera, afirma que su renta per cápita se situaría al nivel de la ciudad autónoma de Ceuta. El trabajo de Buesa, al cual tengo un gran respeto y aprecio, se basa en muchas hipótesis las cuales no puedo entrar a valorar por no tener tanto conocimiento sobre la materia, pero muchos de sus cálculos surgen a partir de un trabajo empírico de primer nivel como es el de Firdmuc, J. y Firdmuc, J. (2003): “Disintegration and Trade”, Review of International Economics, nº 11 (5).

Pero el problema no sólo sería para Cataluña. Por otro lado, el resto de España vería como cae su PIB casi un 20% de un año para otro, quedándose sin una de sus tres comunidades autónomas que realmente actúan de financiadoras. Muy probablemente entraría en default, tendría que ser rescatada y entraría en una dinámica realmente complicada al quedarse sin una de sus locomotoras. En paralelo, muchas empresas quebrarían y el paro se dispararía, la renta per cápita se reduciría y todos seríamos más pobres también. Así pues, Cataluña y el resto de España están condenadas a entenderse desde un punto de vista económico. Cataluña tiene razón al exigir un sistema de financiación más justo, aunque no pueda compartir su sentimiento de agravio y maltrato.

Así pues, mientras los que nos dirigen intentan comenzar a entenderse, como decía, desde el punto de vista económico, a los ciudadanos de a pie nos queda la ardua tarea de recomponer los afectos y recordar todo aquello que nos une, que sigue siendo mucho más de lo que nos separa. Nos han malmetido demasiado y toca reconstruir puentes. Me temo que no va a ser sencillo. Nunca lo es cuando se deben reconocer errores por parte de todos. Y cuesta entender cómo quiénes gobiernan han permitido llegar a este punto tan extremo. O tal vez sí. No olvidemos que, en el fondo, como decía Quevedo, "la hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política". Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual.



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