Reflexiones sobre el Estado, las Administraciones Públicas y su Papel en la Economía
Llevamos un mes de agosto mucho más intenso de lo habitual en lo que a la información económica se refiere. Esta semana hemos tenido como argumento estrella, los 420 euros para aquellos ciudadanos a los que se les agotaba la prestación por desempleo y cumplían con determinados requisitos. Dicha medida, la cual no entro a valorar por falta de información objetiva, viene a resaltar otro fenómeno que es incuestionable: el paro sigue causando estragos. Sí, es cierto que el turismo, la campaña de verano y el plan E han aliviado algo la situación, pero parece obvio que no lo suficiente. Al menos a tenor de las últimas medidas tomadas por el gabinete que dirige José Luis Rodríguez Zapatero.
También en los últimos días hemos asistido con una mezcla de esperanza y desesperación a la publicación de los datos macro económicos de varios países de la UE. Francia y Alemania por fin ven números verdes, incluso Portugal y Grecia, mientras que Gran Bretaña y nosotros seguimos destruyendo nuestra economía si nos atenemos a los últimos datos del PIB. Es cierto que el ritmo de descenso se ha frenado, que parece que no estamos en caída libre como en el primer trimestre del año, pero no lo es menos que nuestros "vecinos" han obtenido mejores resultados de los previstos y que nosotros estamos donde nos situaban los peores pronósticos.
Con toda esa vorágine de datos, el pasado viernes 21 de agosto, El País titulaba lo siguiente en una de sus páginas de la sección de economía: "El Gobierno planea subir impuestos a las rentas más altas para capear la crisis". La noticia, a título personal esperada, choca con lo que hasta ahora habían sido las declaraciones del Gobierno en cuanto a un incremento de la presión fiscal se refiere. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a tratar de reflexionar al respecto sin querer meterme en explicaciones demasiado complejas.
Para ello creo que es oportuno que partamos de una idea: el Estado es una "empresa". Me explico. El Estado es un agente económico que interactúa dentro de un sistema y como tal,tiene una serie de gastos y de ingresos. Si se gasta más de lo que tiene, lo tendrá que recuperar de alguna forma el día de mañana, bien ingresando más, bien gastando menos, o bien haciendo un poco de ambas cosas. Es cierto que el Estado es una "empresa" con una serie de particularidades, ya que su función no es la de obtener beneficios, sino la de proveer a la colectividad de bienes que por interés general no deberían ser transferidos, al menos en su totalidad, al mercado, así como la de marcar las "reglas del juego" para el resto de agentes que cohabitan con él dentro del citado sistema económico.
El Gobierno, en casos de necesidad, puede incrementar el Gasto Público para tratar de generar, como ya se explicó en este blog, un efecto multiplicador que mejore el consumo privado en épocas de crisis. Puede hacerlo también con fines sociales, para mejorar determinadas coberturas, pero siempre que lo haga, independientemente del motivo, le tocará apretarse el cinturón después o apretárselo a los ciudadanos y empresas, si el déficit público es mayor de lo que los expertos suelen aconsejar. Como se ha apuntado, no es que un estado tenga que dar beneficios, pero sí que es bueno que tenga un cierto equilibrio presupuestario para tener recursos cuando vengan épocas malas como la actual. El estado, al igual que las empresas y las familias, no puede endeudarse eternamente hasta el infinito, porque llegará un momento en que no pueda devolver toda la deuda que han contraído y habrá sido peor el remedio que la enfermedad.
Ese equilibrio presupuestario no es sencillo. Es más, ese ha sido el principal debate entre "friedmanitas" y "keynesianos" en estos últimos tiempos. Mientras los primeros han defendido una política monetaria para salir de la crisis, los segundos han apostado por un aumento sin precedentes de la participación del estado en la economía, aunque para ello se haya tenido que incurrir en unos déficits públicos que hacía mucho no se veían. Hay, sin embargo, una realidad objetiva de la que partimos, y es que la actuación de los gobiernos se ha basado en espectaculares aumentos del gasto público en los principales países de la OCDE. España, como sus vecinos, no ha escatimado esfuerzos y, sin embargo, tal y como apunta el titular de "Negocios", el suplemento de Economía de El País del domingo 23 de Agosto, no terminamos de arrancar.
El principal problema que tiene España es del desempleo. Durante el último año, la economía española ha destruido casi 1.200.ooo puestos de trabajo, lo cual constituye la principal diferencia entre nuestra manera de vivir la crisis y la de nuestros vecinos de Europa. Nuestro modelo productivo, sustentado en una construcción basada en un uso intensivo de mano de obra poco cualificada, era "carne de cañón" cuando las tornas se volvieran en nuestra contra. El efecto del paro es obvio: menor consumo, las empresas venden menos o más barato y por ello deben reducir sus gastos operativos, lo cual se traduce a menudo en un mayor incremento del desempleo. Si España sigue cayendo es por la debilidad de su demanda privada y el nulo peso del sector exterior en nuestra economía.
Las empresas españolas, favorecidas ayer y víctimas hoy de una capacidad de endeudamiento que parecía no tener fin, no están en condiciones de volver a generar empleo a corto plazo. Con el sector financiero tocado y con muchas cuentas pendientes, no podemos esperar mucho de nuestro sector privado en estos momentos. Sobre todo porque la Construcción, otrora piedra angular de nuestro modelo, es precisamente la que se encuentra en la actualidad más enfangada.
Para luchar contra la actual situación, el Gobierno de España lanzó el Plan E, el cual suponía una inversión de más de 8.000 millones de euros destinados a fomentar obras públicas. La finalidad era dar empleo a una buena parte de los actuales desempleados, aumentando las transferencias del estado a los ciudadanos (vamos, un aumento de gasto público "de manual"), para incentivar el consumo privado y la reactivación de la economía. Un salario siempre es mejor que la prestación por desempleo. El citado plan E ha generado, de acuerdo con una información publicada por El Mundo el pasado 17 de agosto, 400.000 empleos, 100.000 más de los previstos incialmente.
Aún así, el estímulo parece haberse quedado corto. Y es así porque desgraciadamente, el plan E va camino de convertirse en lo que pudo haber sido y no fue. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno Central, han permitido con sus decisiones perpetuar artificialmente un modelo de crecimiento caduco, en lugar de mejorar la competitividad de nuestra economía, apoyar a sectores que podían haber asumido el liderazgo de la misma, fomentar el I+D o a "reciclar" a decenas de miles de trabajadores de la construcción. Por el contrario una parte del dinero ha ido a recalar a una buena pila de proyectos de corta duración, nula rentabilidad y que son pan para hoy y mucha hambre para mañana, ya que en su gran mayoría han generado empleos temporales. Si cuando acabe el estímulo la economía no se ha reactivado lo suficiente y el empleo generado desaparece como de la nada, entonces la inversión habrá sido un fracaso y el estado tendrá dos problemas. Uno, que tendrá 8.000 millones de euros menos en la caja, y dos, tendrá de nuevo 400.000 parados más a los que tendrá que atender.
Digo esto porque el otro día El Mundo hablaba en un artículo sumamente interesante de algunas de las finalidades que ha tenido el Plan E. Paso a relataros algunas que no tienen desperdicio: una pista de pádel de cesped artificial en Alcazarén (un pueblo de algo más de 700 habitantes de la provincia de Valladolid), más de 30 campos de fútbol de césped artificial (entre Madrid, Málaga, Barcelona y Murcia, en ésta última, se van a hacer 18 ni más ni menos), un reloj solar en la localidad oscense de Grañén, un órgano musical de piedra en Novelda, múltiples polideportivos, pistas de tenis y skateparks en diversas ciudades de la geografía nacional y remodelaciones exclusivamente estéticas en multitudes de plazas mayores, como la de Aranda de Duero, por ejemplo.
Estaba claro que los 8.000 millones de euros invertidos en el Plan E no iban a ser suficientes para erradicar el problema del paro, pero un esfuerzo tan titánico debería haber servido para sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento sostenible. Ello, posiblemente, no hubiera dado mejores resultados a corto plazo, pero posiblemente los ajustes y esfuerzos que necesariamente habrá que hacer más pronto que tarde, serían menos dolorosos.
Mientras tanto, nuestros políticos, independientemente del partido, han vuelto a mirar al corto plazo, pensando más en monumentos y poliderpotivos que inaugurar, que en darle la vuelta a nuestra economía. Todo ello hace que ahora el Gobierno se vea en la tesitura de subir los impuestos a las rentas más altas para paliar el déficit público. Esta claro que dicha medida tenía que llegar en algún momento a la vista de los desaguisados y medidas erráticas de estos meses. Ni se ha reactivado el consumo, ni las empresas van a dar beneficios, ni van a aumentar los declarantes del impuesto de la renta con las cifras de desempleo actuales. Hay muchas más prestaciones sociales que cubrir y mucho menos dinero disponible en las arcas del estado. Y lo peor es la sensación de que estamos sólo ante la punta del iceberg, porque 8.000 millones de euros después, el consumo sigue por los suelos y el paro sólo ha descendido levemente. La medida de los 420 euros es sintomática.
Pero volvamos a la subida de impuestos. ¿Es dicha medida realmente ejecutable? Si analizamos los datos, parece difícil. Primero, porque subir impuestos indirectos (el IVA, por ejemplo), perjudicaría a las clases medias, las cuales no están para muchos trotes. Segundo, porque subir el IRPF a las rentas altas, arreglaría muy poco la situación si nos atenemos a las estadísticas. Sólo el 20% de los contribuyentes declara más de 30.000 euros al año, tan sólo un 3% más de 60.000 euros anuales y además, y siempre de acuerdo con el artículo de El País del pasado 21 de agosto al que hemos hecho alusión, "los más ricos tributan a través de sociedades de capital variable que pagan sólo el 1% de impuestos". Tercero, porque subir el Impuesto de Sociedades a las empresas, no parece ni viable ni factible en la situación actual. Dicho de otra forma, poco más va a poder ingresar el estado. ¿Se podría emitir deuda pública? Pues se podría, sí, pero os lanzo una pregunta vosotros: ¿invertirías en una empresa que tiene una deuda descomunal y poco margen para mejorar sus ingresos a medio plazo?
Ello nos lleva otra vez a uno de los párrafos iniciales, aquel en el que decíamos que un estado es una empresa. Si no se puede ingresar más, toca bajar gastos y ello implica tomar medidas impopulares, esas mismas que llevan rehuyendo nuestros dirigentes. Realmente lo que está pasando es un despropósito anunciado, porque en esta legislatura, da la sensación de que el actual gabinete está improvisando al verse sobrepasado por la actual crisis. Los grandes males requieren grandes remedios, pero también valentía y determinación, para implementarlos. Claro, que para eso hay que tener un plan, y difícilmente podrá defender el gobierno que lo tiene si habla ahora de subir impuestos apenas un año después de quitar el impuesto del Patrimonio.
Por lo tanto, y por mucho que le duela a nuestro ejecutivo y a las administraciones públicas, me temo que vienen tiempos de recorte del gasto público para paliar el déficit. Y eso no es ni de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. Lo estamos haciendo todas las empresas, y al estado no le queda más remedio que aplicarse el cuento. Las épocas de crisis son buenas para que las empresas se "quiten grasa" y tal vez haya llegado el momento de que la administración empiece por aligerarse, quite burocracia y a su vez sea más eficiente en la prestación de sus servicios. El resto de medidas debería requerir un gran pacto de estado, porque la situación lo requiere.
Pero sobre todo, a José Luis Rodríguez Zapatero le ha llegado la hora de ser valiente y de entender, como dijo Tony Blair en una magnífica entrevista publicada en el XL Semanal el pasado 9 de agosto, que "Antes o después hay que enfrentarse a las grandes decisiones. Y siempre son decisiones controvertidas y difíciles. A los dos años de nuestra victoria electoral, dije en un discurso: ya es hora de que seamos impopulares. Si te limitas a navegar con el viento, no gobiernas. Sólo intentas mantenerte en el poder". Le deseo a nuestro presidente toda la suerte del mundo, pero sobre todo que se aplique el cuento.
También en los últimos días hemos asistido con una mezcla de esperanza y desesperación a la publicación de los datos macro económicos de varios países de la UE. Francia y Alemania por fin ven números verdes, incluso Portugal y Grecia, mientras que Gran Bretaña y nosotros seguimos destruyendo nuestra economía si nos atenemos a los últimos datos del PIB. Es cierto que el ritmo de descenso se ha frenado, que parece que no estamos en caída libre como en el primer trimestre del año, pero no lo es menos que nuestros "vecinos" han obtenido mejores resultados de los previstos y que nosotros estamos donde nos situaban los peores pronósticos.
Con toda esa vorágine de datos, el pasado viernes 21 de agosto, El País titulaba lo siguiente en una de sus páginas de la sección de economía: "El Gobierno planea subir impuestos a las rentas más altas para capear la crisis". La noticia, a título personal esperada, choca con lo que hasta ahora habían sido las declaraciones del Gobierno en cuanto a un incremento de la presión fiscal se refiere. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a tratar de reflexionar al respecto sin querer meterme en explicaciones demasiado complejas.
Para ello creo que es oportuno que partamos de una idea: el Estado es una "empresa". Me explico. El Estado es un agente económico que interactúa dentro de un sistema y como tal,tiene una serie de gastos y de ingresos. Si se gasta más de lo que tiene, lo tendrá que recuperar de alguna forma el día de mañana, bien ingresando más, bien gastando menos, o bien haciendo un poco de ambas cosas. Es cierto que el Estado es una "empresa" con una serie de particularidades, ya que su función no es la de obtener beneficios, sino la de proveer a la colectividad de bienes que por interés general no deberían ser transferidos, al menos en su totalidad, al mercado, así como la de marcar las "reglas del juego" para el resto de agentes que cohabitan con él dentro del citado sistema económico.
El Gobierno, en casos de necesidad, puede incrementar el Gasto Público para tratar de generar, como ya se explicó en este blog, un efecto multiplicador que mejore el consumo privado en épocas de crisis. Puede hacerlo también con fines sociales, para mejorar determinadas coberturas, pero siempre que lo haga, independientemente del motivo, le tocará apretarse el cinturón después o apretárselo a los ciudadanos y empresas, si el déficit público es mayor de lo que los expertos suelen aconsejar. Como se ha apuntado, no es que un estado tenga que dar beneficios, pero sí que es bueno que tenga un cierto equilibrio presupuestario para tener recursos cuando vengan épocas malas como la actual. El estado, al igual que las empresas y las familias, no puede endeudarse eternamente hasta el infinito, porque llegará un momento en que no pueda devolver toda la deuda que han contraído y habrá sido peor el remedio que la enfermedad.
Ese equilibrio presupuestario no es sencillo. Es más, ese ha sido el principal debate entre "friedmanitas" y "keynesianos" en estos últimos tiempos. Mientras los primeros han defendido una política monetaria para salir de la crisis, los segundos han apostado por un aumento sin precedentes de la participación del estado en la economía, aunque para ello se haya tenido que incurrir en unos déficits públicos que hacía mucho no se veían. Hay, sin embargo, una realidad objetiva de la que partimos, y es que la actuación de los gobiernos se ha basado en espectaculares aumentos del gasto público en los principales países de la OCDE. España, como sus vecinos, no ha escatimado esfuerzos y, sin embargo, tal y como apunta el titular de "Negocios", el suplemento de Economía de El País del domingo 23 de Agosto, no terminamos de arrancar.
El principal problema que tiene España es del desempleo. Durante el último año, la economía española ha destruido casi 1.200.ooo puestos de trabajo, lo cual constituye la principal diferencia entre nuestra manera de vivir la crisis y la de nuestros vecinos de Europa. Nuestro modelo productivo, sustentado en una construcción basada en un uso intensivo de mano de obra poco cualificada, era "carne de cañón" cuando las tornas se volvieran en nuestra contra. El efecto del paro es obvio: menor consumo, las empresas venden menos o más barato y por ello deben reducir sus gastos operativos, lo cual se traduce a menudo en un mayor incremento del desempleo. Si España sigue cayendo es por la debilidad de su demanda privada y el nulo peso del sector exterior en nuestra economía.
Las empresas españolas, favorecidas ayer y víctimas hoy de una capacidad de endeudamiento que parecía no tener fin, no están en condiciones de volver a generar empleo a corto plazo. Con el sector financiero tocado y con muchas cuentas pendientes, no podemos esperar mucho de nuestro sector privado en estos momentos. Sobre todo porque la Construcción, otrora piedra angular de nuestro modelo, es precisamente la que se encuentra en la actualidad más enfangada.
Para luchar contra la actual situación, el Gobierno de España lanzó el Plan E, el cual suponía una inversión de más de 8.000 millones de euros destinados a fomentar obras públicas. La finalidad era dar empleo a una buena parte de los actuales desempleados, aumentando las transferencias del estado a los ciudadanos (vamos, un aumento de gasto público "de manual"), para incentivar el consumo privado y la reactivación de la economía. Un salario siempre es mejor que la prestación por desempleo. El citado plan E ha generado, de acuerdo con una información publicada por El Mundo el pasado 17 de agosto, 400.000 empleos, 100.000 más de los previstos incialmente.
Aún así, el estímulo parece haberse quedado corto. Y es así porque desgraciadamente, el plan E va camino de convertirse en lo que pudo haber sido y no fue. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno Central, han permitido con sus decisiones perpetuar artificialmente un modelo de crecimiento caduco, en lugar de mejorar la competitividad de nuestra economía, apoyar a sectores que podían haber asumido el liderazgo de la misma, fomentar el I+D o a "reciclar" a decenas de miles de trabajadores de la construcción. Por el contrario una parte del dinero ha ido a recalar a una buena pila de proyectos de corta duración, nula rentabilidad y que son pan para hoy y mucha hambre para mañana, ya que en su gran mayoría han generado empleos temporales. Si cuando acabe el estímulo la economía no se ha reactivado lo suficiente y el empleo generado desaparece como de la nada, entonces la inversión habrá sido un fracaso y el estado tendrá dos problemas. Uno, que tendrá 8.000 millones de euros menos en la caja, y dos, tendrá de nuevo 400.000 parados más a los que tendrá que atender.
Digo esto porque el otro día El Mundo hablaba en un artículo sumamente interesante de algunas de las finalidades que ha tenido el Plan E. Paso a relataros algunas que no tienen desperdicio: una pista de pádel de cesped artificial en Alcazarén (un pueblo de algo más de 700 habitantes de la provincia de Valladolid), más de 30 campos de fútbol de césped artificial (entre Madrid, Málaga, Barcelona y Murcia, en ésta última, se van a hacer 18 ni más ni menos), un reloj solar en la localidad oscense de Grañén, un órgano musical de piedra en Novelda, múltiples polideportivos, pistas de tenis y skateparks en diversas ciudades de la geografía nacional y remodelaciones exclusivamente estéticas en multitudes de plazas mayores, como la de Aranda de Duero, por ejemplo.
Estaba claro que los 8.000 millones de euros invertidos en el Plan E no iban a ser suficientes para erradicar el problema del paro, pero un esfuerzo tan titánico debería haber servido para sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento sostenible. Ello, posiblemente, no hubiera dado mejores resultados a corto plazo, pero posiblemente los ajustes y esfuerzos que necesariamente habrá que hacer más pronto que tarde, serían menos dolorosos.
Mientras tanto, nuestros políticos, independientemente del partido, han vuelto a mirar al corto plazo, pensando más en monumentos y poliderpotivos que inaugurar, que en darle la vuelta a nuestra economía. Todo ello hace que ahora el Gobierno se vea en la tesitura de subir los impuestos a las rentas más altas para paliar el déficit público. Esta claro que dicha medida tenía que llegar en algún momento a la vista de los desaguisados y medidas erráticas de estos meses. Ni se ha reactivado el consumo, ni las empresas van a dar beneficios, ni van a aumentar los declarantes del impuesto de la renta con las cifras de desempleo actuales. Hay muchas más prestaciones sociales que cubrir y mucho menos dinero disponible en las arcas del estado. Y lo peor es la sensación de que estamos sólo ante la punta del iceberg, porque 8.000 millones de euros después, el consumo sigue por los suelos y el paro sólo ha descendido levemente. La medida de los 420 euros es sintomática.
Pero volvamos a la subida de impuestos. ¿Es dicha medida realmente ejecutable? Si analizamos los datos, parece difícil. Primero, porque subir impuestos indirectos (el IVA, por ejemplo), perjudicaría a las clases medias, las cuales no están para muchos trotes. Segundo, porque subir el IRPF a las rentas altas, arreglaría muy poco la situación si nos atenemos a las estadísticas. Sólo el 20% de los contribuyentes declara más de 30.000 euros al año, tan sólo un 3% más de 60.000 euros anuales y además, y siempre de acuerdo con el artículo de El País del pasado 21 de agosto al que hemos hecho alusión, "los más ricos tributan a través de sociedades de capital variable que pagan sólo el 1% de impuestos". Tercero, porque subir el Impuesto de Sociedades a las empresas, no parece ni viable ni factible en la situación actual. Dicho de otra forma, poco más va a poder ingresar el estado. ¿Se podría emitir deuda pública? Pues se podría, sí, pero os lanzo una pregunta vosotros: ¿invertirías en una empresa que tiene una deuda descomunal y poco margen para mejorar sus ingresos a medio plazo?
Ello nos lleva otra vez a uno de los párrafos iniciales, aquel en el que decíamos que un estado es una empresa. Si no se puede ingresar más, toca bajar gastos y ello implica tomar medidas impopulares, esas mismas que llevan rehuyendo nuestros dirigentes. Realmente lo que está pasando es un despropósito anunciado, porque en esta legislatura, da la sensación de que el actual gabinete está improvisando al verse sobrepasado por la actual crisis. Los grandes males requieren grandes remedios, pero también valentía y determinación, para implementarlos. Claro, que para eso hay que tener un plan, y difícilmente podrá defender el gobierno que lo tiene si habla ahora de subir impuestos apenas un año después de quitar el impuesto del Patrimonio.
Por lo tanto, y por mucho que le duela a nuestro ejecutivo y a las administraciones públicas, me temo que vienen tiempos de recorte del gasto público para paliar el déficit. Y eso no es ni de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. Lo estamos haciendo todas las empresas, y al estado no le queda más remedio que aplicarse el cuento. Las épocas de crisis son buenas para que las empresas se "quiten grasa" y tal vez haya llegado el momento de que la administración empiece por aligerarse, quite burocracia y a su vez sea más eficiente en la prestación de sus servicios. El resto de medidas debería requerir un gran pacto de estado, porque la situación lo requiere.
Pero sobre todo, a José Luis Rodríguez Zapatero le ha llegado la hora de ser valiente y de entender, como dijo Tony Blair en una magnífica entrevista publicada en el XL Semanal el pasado 9 de agosto, que "Antes o después hay que enfrentarse a las grandes decisiones. Y siempre son decisiones controvertidas y difíciles. A los dos años de nuestra victoria electoral, dije en un discurso: ya es hora de que seamos impopulares. Si te limitas a navegar con el viento, no gobiernas. Sólo intentas mantenerte en el poder". Le deseo a nuestro presidente toda la suerte del mundo, pero sobre todo que se aplique el cuento.