Economía y Sociedad - Subidas de Impuestos, Cuentas Públicas y el Ejemplo de la Administración
Algunas ideas
Escuchaba plácidamente la radio el pasado domingo cuando me llamó la atención un corte del ministro José Blanco, en el cual éste insinuaba una posible subida de impuestos. El titular de la cartera de Fomento argumentaba que nuestro país goza de unos servicios de primera y que, por lo tanto, para mantenerlos, había que equipararse al resto de la UE en cuanto a materia fiscal y presión impositiva se refiere. Como no podía ser de otra forma, no ha tardado en salir el PP pidiendo explicaciones y diciendo que los españoles estamos hartos de que nos suban los impuestos. La reacción de los populares, aunque cierta, no está exenta tufo electoralista. Yo creo que en concreto los españoles estamos hartos de nuestra clase política y de que nuestro dinero esté mal utilizado.
Decía hace unos días Felipe González en Chile, que en la crisis, los que habían cometido excesos eran familias y empresas, que la administración pública había hecho sus deberes convenientemente. Siempre he tenido al ex-presidente como uno de nuestros parlamentarios más intelegentes de las últimas décadas. Por ello, cuando se viste con el "traje de político", nos deja titulares memorables. Vamos a ver, ¿no se han beneficiado el estado y las administraciones públicas de la juerga crediticia estos años? ¿No se han llenado las arcas del estado con recaudaciones de IVA, impuestos de socidades, patrimonio e IRPF favorecidos por ahorros extranjeros, porque aquí consumíamos e invertíamos lo que no estaba escrito?
Nuestras administraciones públicas emprendieron una serie de planes insostenibles pensando que el boom inmobiliario duraría para siempre. Fueron parte del sistema porque les interesaba y ahora nos quieren hacer pagar también la cuenta de su fiesta y su incompetencia. Aunque es cierto que ha habido un plan de aumento del gasto público para reactivar la economía, también lo es que los ha habido en otros países y no todos tienen nuestro problema de déficit público. En lugar de aprovechar los años de bonanza para acometer reformas estructurales en el mercado laboral, abrir un debate sosegado sobre nuestras pensiones y mejorar infraestructuras con criterios de rentabilidad y sostenibilidad, nuestro gobierno central ha vivido por encima de sus posibilidades. Como tantos otros españoles.
Caso aparte es el de los ayuntamientos. La deuda municipal con constructoras y contratas de servicios asciende a la friolera de 3.500 millones de euros. De dicha cantidad, más de 1.000 millones de euros se adeudan desde hace más de un año. A la cabeza de todas las ciudades está Madrid, con varios cientos de millones pendientes de pago (sólo en jardinería debe 65 millones). Zaragoza y Granada superan los 4o millones de euros, Alcalá de Henares, León y el Puerto de Santa María sobrepasan los 50, Benidorm y Valencia, por su parte, los 30. Ocurre que cuando los ayuntamientos deciden reducir presupuestos en servicios de limpieza, jardinería, etc., para cuadrar sus cuentas, esto se traduce en un peor servicio para el ciudadano, ya que las empresas contratadas reducen personal y medios, como no puede ser de otra forma. La situación es surrealista, porque puede ocurrir que el contribuyente pague más impuestos que nunca y reciba a cambio un peor servicio público. Es sabido que en ciudades como Huelva, Jeréz o las ya citadas Alcalá de Henares y León, las concesionarias han comenzado los trámites para rescindir unos contratos que les son ruinosos y por los que tardan en cobrar hasta 18 meses. ¿Qué empresa querrá entrar a trabajar para estos consistorios en estas condiciones? ¿Qué culpa tienen los ciudadanos?
Detrás de esta gran crisis consistorial se encuentra también el ladrillo. Existen ayuntamientos cuyos ingresos dependían hasta de un 50% de la construcción y que ahora se ven axfisiados. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso lo es más aún. Si un particular deja de pagar una hipoteca, por ejemplo, le pueden embargar hasta la nómina de su pareja. En el caso de las administraciones públicas, la situación es surrealista, ya que los ayuntamientos son inembargables.
Así pues, y volviendo al inicio del post, a las declarciones de José Blanco, uno no puede sino sonrojarse al querer compararnos con Europa. En primer lugar porque las cifras de paro, en comparación con las nuestras, son el día y la noche, por lo que no me queda muy claro cuánto nos podemos equiparar en cuanto a presión fiscal se refiere. Pero sobre todo, porque allí los entes públicos, al menos los alemanes y holandeses, con la misma crisis que los nuestros, siguen pagando a 30 días.
Quedan también en entredicho, por lo tanto, las afirmaciones de Felipe González en Chile. A los datos me remito, para afirmar que no es cierto que nuestras administraciones públicas hayan hecho los deberes. Pero lo peor, bajo mi punto de vista, es la lección moral que deja toda esta historia. Las administraciones públicas deberían ser ejemplares, las primeras en cumplir con la ley y con sus promesas. Necesitamos de una ración de meritocracia a toda pastilla.
Escuchaba plácidamente la radio el pasado domingo cuando me llamó la atención un corte del ministro José Blanco, en el cual éste insinuaba una posible subida de impuestos. El titular de la cartera de Fomento argumentaba que nuestro país goza de unos servicios de primera y que, por lo tanto, para mantenerlos, había que equipararse al resto de la UE en cuanto a materia fiscal y presión impositiva se refiere. Como no podía ser de otra forma, no ha tardado en salir el PP pidiendo explicaciones y diciendo que los españoles estamos hartos de que nos suban los impuestos. La reacción de los populares, aunque cierta, no está exenta tufo electoralista. Yo creo que en concreto los españoles estamos hartos de nuestra clase política y de que nuestro dinero esté mal utilizado.
Decía hace unos días Felipe González en Chile, que en la crisis, los que habían cometido excesos eran familias y empresas, que la administración pública había hecho sus deberes convenientemente. Siempre he tenido al ex-presidente como uno de nuestros parlamentarios más intelegentes de las últimas décadas. Por ello, cuando se viste con el "traje de político", nos deja titulares memorables. Vamos a ver, ¿no se han beneficiado el estado y las administraciones públicas de la juerga crediticia estos años? ¿No se han llenado las arcas del estado con recaudaciones de IVA, impuestos de socidades, patrimonio e IRPF favorecidos por ahorros extranjeros, porque aquí consumíamos e invertíamos lo que no estaba escrito?
Nuestras administraciones públicas emprendieron una serie de planes insostenibles pensando que el boom inmobiliario duraría para siempre. Fueron parte del sistema porque les interesaba y ahora nos quieren hacer pagar también la cuenta de su fiesta y su incompetencia. Aunque es cierto que ha habido un plan de aumento del gasto público para reactivar la economía, también lo es que los ha habido en otros países y no todos tienen nuestro problema de déficit público. En lugar de aprovechar los años de bonanza para acometer reformas estructurales en el mercado laboral, abrir un debate sosegado sobre nuestras pensiones y mejorar infraestructuras con criterios de rentabilidad y sostenibilidad, nuestro gobierno central ha vivido por encima de sus posibilidades. Como tantos otros españoles.
Caso aparte es el de los ayuntamientos. La deuda municipal con constructoras y contratas de servicios asciende a la friolera de 3.500 millones de euros. De dicha cantidad, más de 1.000 millones de euros se adeudan desde hace más de un año. A la cabeza de todas las ciudades está Madrid, con varios cientos de millones pendientes de pago (sólo en jardinería debe 65 millones). Zaragoza y Granada superan los 4o millones de euros, Alcalá de Henares, León y el Puerto de Santa María sobrepasan los 50, Benidorm y Valencia, por su parte, los 30. Ocurre que cuando los ayuntamientos deciden reducir presupuestos en servicios de limpieza, jardinería, etc., para cuadrar sus cuentas, esto se traduce en un peor servicio para el ciudadano, ya que las empresas contratadas reducen personal y medios, como no puede ser de otra forma. La situación es surrealista, porque puede ocurrir que el contribuyente pague más impuestos que nunca y reciba a cambio un peor servicio público. Es sabido que en ciudades como Huelva, Jeréz o las ya citadas Alcalá de Henares y León, las concesionarias han comenzado los trámites para rescindir unos contratos que les son ruinosos y por los que tardan en cobrar hasta 18 meses. ¿Qué empresa querrá entrar a trabajar para estos consistorios en estas condiciones? ¿Qué culpa tienen los ciudadanos?
Detrás de esta gran crisis consistorial se encuentra también el ladrillo. Existen ayuntamientos cuyos ingresos dependían hasta de un 50% de la construcción y que ahora se ven axfisiados. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso lo es más aún. Si un particular deja de pagar una hipoteca, por ejemplo, le pueden embargar hasta la nómina de su pareja. En el caso de las administraciones públicas, la situación es surrealista, ya que los ayuntamientos son inembargables.
Así pues, y volviendo al inicio del post, a las declarciones de José Blanco, uno no puede sino sonrojarse al querer compararnos con Europa. En primer lugar porque las cifras de paro, en comparación con las nuestras, son el día y la noche, por lo que no me queda muy claro cuánto nos podemos equiparar en cuanto a presión fiscal se refiere. Pero sobre todo, porque allí los entes públicos, al menos los alemanes y holandeses, con la misma crisis que los nuestros, siguen pagando a 30 días.
Quedan también en entredicho, por lo tanto, las afirmaciones de Felipe González en Chile. A los datos me remito, para afirmar que no es cierto que nuestras administraciones públicas hayan hecho los deberes. Pero lo peor, bajo mi punto de vista, es la lección moral que deja toda esta historia. Las administraciones públicas deberían ser ejemplares, las primeras en cumplir con la ley y con sus promesas. Necesitamos de una ración de meritocracia a toda pastilla.
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